— Urge una reforma verde que incorpore a la Constitución Española los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Acuerdo de París.
[Foto portada: Anxo Cabada].
Que España sea casi el único Estado, país, nación o como se le quiera llamar —que ni en eso hay consenso— de Europa que no ha modificado su Constitución, para unos es un mérito; para otros, entre los que me cuento, una anomalía. No soy partidario de ningunear la Transición, pero mucho menos de elevarla a los altares bajo palio y con incienso.
Bastaría con citar que hubo siete “padres” de la Constitución y ninguna “madre” para desconfiar de un proceso constituyente que nació cojo, tutelado y con poca transparencia. Basta recordar la imposición de Juan Carlos I, directamente por Franco, y la renuencia de Suárez a llevar la cuestión de la monarquía a referéndum, ante la certeza de perderlo. Se hizo, pues, una Constitución patriarcal para un país (considerado) “menor de edad”, y bueno ha sido que nos haya traído hasta aquí. Alguna virtud tiene, pero no es la Biblia ni las Tablas de la Ley.
En aquel debate constituyente estuvieron por completo ausentes cuestiones que hoy nos parecen de primerísima urgencia política y de elemental higiene democrática: por ejemplo, la igualdad. El mero enunciado de que “Los españoles son iguales ante la ley (…) sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo” no impide que cuarenta años después España tenga la brecha salarial por razón de sexo mayor de la Unión Europea. Constitución escrita en papel mojado.
En cuanto a la ecología y el respeto a la Naturaleza —es decir, a la vida—, las urgencias del Estado, país, nación o como se le quiera llamar eran otras en 1978, y el cambio climático o el calentamiento global ni siquiera estaban en el horizonte. Solo esta cuestión —y la de la igualdad, que no es menor, sino mayor— serían suficiente motivo para abordar una reforma integral de la Carta Magna que incluya la Agenda Verde.
En estas cuatro décadas, se reformó un par de veces la Consti —sin debate y por teléfono— para incluirnos en Europa y para autorizar el rescate por Bruselas, pero nunca se han abordado las carencias ni los debates de fondo: la forma de Estado, la igualdad, la sostenibilidad. ¿Podemos vivir indefinidamente en una economía que no sea sostenible, comiéndonos apresuradamente el planeta?
Todo lo que está pasando en nuestra casa común, la Tierra, tiene relevancia constitucional: el calentamiento global ya existía en 1978, pero no era una prioridad política. Desde el Acuerdo de París en 2015, la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una razón de Estado, por no decir la primera, puesto que nos va la vida en ello. ¿Acaso el Acuerdo de París, auspiciado por la ONU y firmado “con carácter vinculante” por 195 países, no debería ser elevado a categoría constitucional?
Nuestro ordenamiento jurídico establece que las leyes y tratados internacionales firmados por España, forman parte de nuestra propia legislación, pero no es suficiente. Necesitamos una verdadera Constitución Verde. Hubo consenso nocturno para corregir una coma porque Bruselas dijo “Mu”, pero los llamados partidos de orden —causantes de tanto desorden— no son capaces de incorporar a la Constitución el Acuerdo de París, cuyo contenido está muy por encima de los Tratados de Europa y de cualquier Carta Magna nacional.
Estos días se reúnen en Katowice (Polonia) representantes de 196 países, ONGs, científicos y empresarios, participantes en la Conferencia de las Partes sobre el cambio climático. En la inauguración de la COP24, el secretario general de la ONU ha advertido de nuevo que no se están cumpliendo los objetivos de París, que vamos tarde y que aquello que en 2015 era urgente, ya es inaplazable.
Seguirán las grandes petroleras y multinacionales quemando el Planeta, sembrando los mares de plástico, el suelo de basura y el aire de humo e insecticidas, seguirán las cementeras incinerando residuos peligrosos y los madereros de sangre practicando —como en el Amazonas— su particular terrorismo ecológico, mientras la lucha contra el cambio climático no se convierta en una verdadera razón de Estado que impregne transversalmente nuestra Constitución y la de los 195 países restantes.
Quizás los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han perdido mucho tiempo y energía persiguiendo independentistas y raperos, mientras los verdaderos delincuentes que atentan contra nuestra salud se colaban por las rendijas del sistema, gozando de cuantiosos fondos públicos. Contaminar en España sigue siendo gratis.
Urge, pues, una reforma constitucional verde: un debate profundo y sistemático que incorpore a la Constitución Española los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Acuerdo de París. En 2018, con las fauces del calentamiento global como un volcán en erupción, no puede haber ninguna ley o disposición que no incorpore y respete en cada uno de sus artículos el mandato de una Constitución Verde. Mañana será tarde. ¡Arriba las ramas!
Para saber más:
—Acuerdos de París.
—COP24: sigue la Cumbre de Katowice.
—Las voces del mundo: Vida en el planeta.
