Video blog de Valentín Carrera en EfeVerde:
―El actual modelo fiscal, industrial y ecológico es radicalmente insolidario
Se habla mucho de transición ecológica justa, pero no habrá transición ecológica ―justa ni injusta― sin una verdadera transición industrial y fiscal.
Dicho de otro modo: de poco nos vale tener un magnífico Ministerio de Transición si el Ministerio de Fomento ―por ejemplo― sigue asfaltando y cementando el país con autopistas millonarias, o si el Ministerio de Hacienda no practica la ecología fiscal.
Esta semana leímos que Rusia se opone a que la Luna pueda ser privatizada por Estados Unidos. Privatizada, sí, como suena, es decir, convertir la Luna en una parcela más, susceptible de ser explotada comercialmente. El mismo debate se planteó hace décadas sobre la Antártida, cuya explotación está de momento congelada gracias al Tratado Antártico, pero las potencias mundiales afilan los cuchillos y reclaman títulos de propiedad.
¿Pueden ser la Luna, la Antártida o la Amazonía propiedad de un país? Los conceptos parcela, soberanía, título de propiedad, no son aplicables a bienes universales, como la salud, el aire, el agua, los océanos, los bosques. O el sol, que algún gobierno intentó privatizar con aquel maldito impuesto al sol.
Bajemos de lo global a lo local. Recordemos el desastre de Aznalcóllar: un pueblo pequeño concede permiso para construir una balsa de lodos tóxicos y cobra por ello un sabroso canon a la multinacional Boliden. Cuando la balsa se rompió, en 1998, causó un desastre ecológico en el Parque de Doñana y en los acuíferos de la zona. Un ayuntamiento cobró y muchos otros lo pagaron caro.
Minería, térmicas, cementeras, incineradoras, basureros o cementerios nucleares están en el punto de mira. Todas estas industrias no pueden ser tratadas fiscalmente como una librería o una farmacia ―que pagan el IBI en su municipio―, porque son actividades que invaden el espacio, el aire, el agua y la salud de comarcas enteras, y lo hacen con la misma caradura que algunos países inscriben a su nombre un trozo de la Luna, de la Amazonía o de la Antártida.
«Transición ecológica y fiscal justa» significa redistribución equitativa del beneficio entre los que soportan o soportamos los costes ecológicos. El COVID-19 nos ha enseñado algo importante: no sabe de fronteras entre ciudades o comunidades autónomas. La lluvia ácida cae siempre en la huerta o en el bosque del pueblo vecino; y los ríos envenenados y plastificados arrastran su muerte hasta la desembocadura y más allá.
Si la contaminación no conoce fronteras, la fiscalidad industrial y ecológica debe ser coherente: global. Más que el maldito impuesto al sol, exijamos impuestos ecológicos globales y finalistas a chimeneas, cementeras, incineradoras y basureros, a las multinacionales del petróleo y a los fabricantes de coches. Solo así conseguiremos una transición ecológica, industrial y fiscal justa. La primavera avanza.
