Si les digo que tengo miedo a escribir, que no soy libre, que estoy amenazado… quizás piensen que exagero. Si les insisto que la amenaza es cierta, con forma de demanda judicial, de cerrarme antenas y espacios, de listas negras o de cercenar mis modestos ingresos económicos… quizás algunas personas de buena fe sentirán preocupación y acaso solidaridad. Está pasando. Nos está pasando a miles de periodistas en la España de 2018, donde las libertades, y en concreto la libertad de expresión, han retrocedido a la época del Tribunal de Orden Público.

Si usted es de derechas de toda la vida, católico, apostólico y romano, gente de orden, paga sus impuestos escatimando al fisco ese 20% de economía sumergida bendecido por la doctrina; si usted coloca la banderita en el balcón y no se manifiesta en la calle, salvo las procesiones de Semana Santa, ni se comunica en otras redes sociales que las de su parroquia, entonces usted no tiene nada que temer. España es su patria.

Si, por el contrario, es usted apóstata, ateo, rojo, homosexual, lee poesía, frecuenta cines y teatros, tiene más de cien libros en casa y los ha leído, no usa pulseritas ni banderitas, la música militar nunca le supo levantar, practica el amor libre, aborta los martes y viernes, y le gusta el cava catalán, entonces usted es un peligro público, un presunto terrorista, un separatista o aún peor, un independentista sin depilar de la CUP, un demonio de Podemos con cuernos y rabo, un comunista. Váyase a Rusia.

En la España rancia de Rajoy, en la que vuelve a haber presos políticos, y tuiteros condenados por escribir, no cabemos todos por igual. No lo digo yo: lo afirma Amnistía Internacional en su Informe 2017 sobre la libertad de expresión, Tuitea… si te atreves: “En España se está atacando la libertad de expresión. El gobierno somete a hostigamiento toda una serie de expresiones en Internet —desde letras de canciones hasta simples chistes—, utilizando leyes antiterroristas de imprecisa redacción”, como el artículo 578 del Código Penal.

“La imposición de restricciones excesivas e innecesarias a los periodistas —continúa el Informe— ha provocado una reducción constante del espacio para el periodismo independiente y crítico. Esta limitación y reducción del espacio del debate público y abierto, el análisis y la crítica, representa una amenaza más a largo plazo para la sociedad civil (…) y la defensa de derechos humanos fundamentales”.

Esta amenaza a la libertad ha sido cuidadosamente planificada. El franquismo ha vuelto a instalarse —si es que alguna vez se fue— en las escuelas y universidades, en las calles y cofradías, en los juzgados y tribunales, pero sobre todo en la prensa, la radio y la televisión.


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Para saber más:
Informe 2017 de Amnistía Internacional
Carta de Reporteros sin Fronteras a Juncker 
Plataforma en defensa de la libertad de expresión