¿Son los imputados de ADIF el cortafuegos de la ministra de Fomento?

ADIF quiere guerra y la va a tener: ha topado en Santiago con un juez que no se va a arrugar ante la máquina arrolladora del ministerio de Fomento. Pero ¿qué pinta la Abogacía del Estado defendiendo a imputados particulares? Que se busquen y se paguen su propio abogado, como tienen que hacer las víctimas. Pregunte a la diputada del PP Teresa Gómez Limón, herida en el accidente de Angrois: es compañera suya, señora Ministra.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarios, ADIF, ¡qué gusto por los nombrecitos!, es una empresa pública dependiente de Fomento. Su presidente, Gonzalo Ferré, fue nombrado por el Consejo de Ministros el 8 de enero de 2013 a propuesta de Ana Pastor: “un íntimo colaborador de la ministra”, dijo la prensa entonces.

¿Cuánto gana Gonzalo por su altísima labor? No hemos conseguido saberlo: la alta dirección de ADIF devengó 1.198.000 € en 2011, última Memoria publicada en la web. ¿Dónde están los datos de 2012 y 2013? ¿Dónde los nombramientos del consejo, los sueldos y retribuciones? ¿368.000€, como se ha publicado? Un modo muy turbio de entender la transparencia, señora Ministra.

Ferré es “su” presidente de ADIF, aunque su sueldo lo pagamos todos, como el del abogado del Estado que le defiende y entorpece la labor de la Justicia. ¿Cómo puede negarse la Abogacía del Estado a facilitar a un juez la identidad de cargos públicos que debieran ser de acceso inmediato en la web de ADIF, de Fomento y en el BOE? ¿Tendremos que pedirlos a Wikileaks?

La confusión perversa entre lo público y lo privado instaurada desde hace tiempo en este país, lleva a que la Abogacía del Estado pueda tomar “parte” ante un juez a favor de un particular y contra el interés público. En el accidente de Angrois, el interés del Estado es que el juez determine responsabilidades hasta el final y el abogado del Estado, como el fiscal en su ámbito, tienen obligación legal y moral de perseguir el interés público.

Lo que escuece a la ministra de Fomento y al señor Ferré es un auto del juez Aláez que demuestra la ausencia de cautelas elementales. ¡Con qué prisa han puesto ahora por toda la red las señales que faltaban! Un auto que sienta precedente sobre la exigencia de responsabilidad a los altos cargos. Son ustedes unos cobardes al cargar toda la culpa sobre el maquinista y lavarse las manos; pero el juez Aláez lo tiene claro: el bienpagado presidente de ADIF y sus consejeros tenían y tienen obligación de vigilar que en su empresa se cumplan las normas de señalización y seguridad más elementales. Era su deber hacerlo, les recuerda el Juez, y no lo hicieron.

La responsabilidad, dice el auto, “afecta no solo a quienes están en contacto directo –jefes, inspectores- sino también a los órganos directivos y gestores alejados que debían velar por el cumplimiento de la seguridad, (…) por lo que son imputables objetivamente todos ellos, pues todos, delegantes y delegados, han tenido un dominio real sobre la fuente de peligro y todos han de ser considerados potenciales autores del delito imprudente”.

Señora Ministra: si no quiere que pensemos que sus imputados son su propio cortafuegos y la Abogacía del Estado su escudo protector, ordene a sus abogados -que no son suyos, sino de todos nosotros-, que dejen de disparar al Juez con pólvora del rey.

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Ilustració: CGT
El País: El juez acusa a Adif de jugar con la vida de muchas personas
Descarga el Nuevo auto del Juez Aláez (13-II-14)