Dos autos recientes del juez Alaéz, instructor de las diligencias del accidente de Angrois, han venido a poner las cosas en su sitio apuntando a la responsabilidad directa de altos ejecutivos que pretendían irse de rositas y lavarse las manos, como los Pilatos que acostumbran a ser los muy bien pagados presidentes de Adif, Renfe, Caixanova, CaixaGalicia o Pescanova: ellos estaban allí de turistas y si te he visto no me acuerdo.

El auto de 20 de agosto –mal redactado y a veces incomprensible; ése es otro asunto- aborda el fondo de la cuestión: el conductor, cuya responsabilidad no se discute, tenía todas las habilitaciones legales y el tren también cumplía todos los requisitos; pero la vía no. La vía estaba y está mal trazada y hasta el día del accidente estaba mal señalizada: apenas una señal de 80 km./h. colocada cien metros antes de la curva “cuando el tren necesita de varios kilómetros para realizar esa reducción progresiva de velocidad [de 200 a 80] en condiciones de seguridad para los usuarios”.

“Ha existido una omisión de cautelas elementales”, dice el Juez, lo que es un delito imprudente del que –resumiendo el auto- serían culpables “los responsables de garantizar la seguridad”, de adoptar esas cautelas que hubieran evitado el desgraciado accidente. “Esa desatención de la seguridad tiene conexión con el descarrilamiento” y el Juez lo considera un descuido grave. El primer auto concluye pidiendo a Renfe y ADIF que identifiquen a los responsables de la seguridad y señalización de la vía.

Los altos cargos no están de adorno

Con la respuestas en la mano –revisadas por el Ministerio de Fomento-, el Juez dicta un segundo auto el 9 de septiembre en el que imputa a los presidentes y vocales del consejo de ADIF desde la entrada en servicio de la línea hasta el 24 de julio; así como al director de seguridad, gerente del área de seguridad del Noroeste, jefe de inspección e inspectores de la jefatura Noroeste, todos ellos también de ADIF.

Los altos cargos, dice el Juez con claridad, no están de adorno y no pueden lavarse las manos. Aunque el presidente y el consejo hayan delegado la seguridad, siguen teniendo obligación de vigilar si se está cumpliendo o no esa función. No vale decir: ¡Ay, yo delegué en el Director de Seguridad!

No, usted, señor presidente de ADIF, y sus consejeros, altos ejecutivos bien pagados y se supone cualificados para el cargo, siguen teniendo obligación de vigilar que en su empresa se cumplan las normas de señalización y seguridad más elementales. Era su deber hacerlo, les recuerda el Juez, y no lo hicieron. La responsabilidad afecta “no solo a quienes están en contacto directo –jefes, inspectores- sino también a los órganos directivos y gestores alejados que debían velar por el cumplimiento de la seguridad, (…) por lo que son imputables objetivamente todos ellos, pues todos, delegantes y delegados, han tenido un dominio real sobre la fuente de peligro y todos han de ser considerados potenciales autores del delito imprudente”.

Ojalá este auto del juez Aláez siente precedente y en otros muchos casos se exija responsabilidad a delegantes y delegados: a los mandos intermedios que cargan con el mochuelo y a sus jefazos, presidentes y ministros que, cada vez que ocurre una desgracia –ya sea Angrois, el Prestige, un incendio forestal o el hundimiento del Titanic Pescanova-, les pilla de vacaciones o cazando osos y elefantes.

Documentos descargables:
Auto de 20 de agosto de 2013
Auto de 9 de septiembre de 2013

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