—La Audiencia Provincial de León juzga tres décadas de delitos ecológicos, impunidad política y complicidad social
— La primera denuncia se remonta a 2007, gracias al eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein
Suena a coplas de ciego, de las que se cantaban por las ferias a principios de siglo; Joaquín Díaz las conserva y las canta en su Museo Etnográfico de Urueña. “El crimen del Feixolín”, pónganle música de La naranja mecánica y entenderán mejor este asesinato de la biodiversidad.
Esta semana se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de León el empresario acusado de este delito ecológico, Victorino Alonso, recientemente condenado por la Audiencia Provincial de Huesca por destrozar un yacimiento neolítico, y para quien la Fiscalía pide ahora ocho años de cárcel.
Pero, ¿qué es el crimen del Feixolín? En este delito ecológico confluye toda la podredumbre de la que ha sido capaz la sociedad española, leonesa y berciana en las últimas tres décadas de minería salvaje.
El Feixolín es una mina a cielo abierto en un paraje del Alto Sil, cercano a Villablino (León), considerado Lugar de Interés Cultural, enclavado en Zona de Especial Protección de Aves, parte de la Res Natura desde el año 2000 y Reserva de la Biosfera de la UNESCO desde 2004. Hablamos de un entorno enclavado en los Picos de Europa, hábitat del urogallo y del oso pardo. Visité el Feixolín en 2008, tras conocer el hábitat del oso pardo con la ejemplar Patrulla del Oso (Fundación Oso Pardo) y denuncié entonces los hechos en el libro Viaje interior a la provincia del Bierzo, con las impresionantes fotos de Anxo Cabada: “La mina lleva quince años destrozando el valle sin licencia, extrayendo miles de toneladas de carbón de modo ilegal. Quince escandalosos años impunes, con la connivencia de la Junta de Castilla y León: el consejero Pilatos se lava las manos con carbonilla”.
Un ecosistema frágil, como todos los ecosistemas, en el que las máquinas de Victorino Alonso produjeron degradación, escombros, pobreza y muerte de la biodiversidad. Y muerte económica de la comarca de Laciana, que una vez acabado el momio del dinero fácil, sobrevive a las más altas tasas de paro de Castilla y León.
La explotación del Feixolín comenzó sin ningún tipo de licencia en 1995, “se desarrolló sobre 210 hectáreas de manera plenamente consciente, deliberada, en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental” (Escrito del Ministerio Fiscal), y continuó durante trece años, hasta 2008, con absoluta impunidad, ante el silencio, e incluso el aplauso, de las autoridades civiles, religiosas y militares.
Asturias, Laciana, El Bierzo y otras zonas mineras han sido el Lejano Oeste español, territorios sin ley en manos de forajidos disfrazados de empresarios, con la connivencia del sheriff corrupto. Durante doce años, la mina del Feixolín funcionó sin licencia, con el aplauso de la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP durante los últimos treinta años, hasta que en 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó a la Junta la paralización total de la mina. Tampoco dijo nada el alcalde de Villablino, Guillermo Murias, que también se sienta en el banquillo, acusado de prevaricación.
Victorino Alonso no es el único culpable, si acaso el más listo: autodeclarado insolvente, se pasea por los juzgados con la tranquilidad de quien conoce a fondo las cloacas del sistema. ¿Cómo explicar, si no fuera así, que la Justicia haya tardado doce años en sentarle en el banquillo?
La primera denuncia se remonta a 2007, gracias al eurodiputado de Los Verdes —¡Vaya por dios, otra vez los ecologistas tocando las pelotas!—, David Hammerstein, a quien debemos un reconocimiento y homenaje.
Durante estos veinticuatro años, desde 1995, hubo numerosas protestas vecinales y ecologistas, pero apenas se han escuchado voces de partidos como el PP y el PSOE, ni de los sindicatos, enredados todos en su clientelismo minero y tapadas las bocas por los cuantiosos Fondos Miner, madre de todas las corrupciones en la provincia, cuya auditoría escaquean reiteradamente. Porque, no se olvide, el Feixolín y Victorino Alonso son producto de la corrupción de los Fondos Miner, dinero europeo destinado a la reconversión de una comarca que ha acabado en bolsillos particulares, mientras las comarcas del Bierzo y Laciana agonizan.
De manera que esta semana en la Audiencia Provincial de León no solo se juzga un gravísimo delito ecológico, más de 2.000 toneladas de azufre vertidas y la destrucción de un ecosistema de gran valor, sino que se juzgan tres décadas de impunidad y complicidad social, tres décadas de corrupción en la minería, tres décadas de degradación ecológica en el Lejano Oeste. Se sientan en el banquillo un empresario y un alcalde: faltan tres presidentes de la Junta de Castilla y León, media docena de consejeros, decenas de concejales, algún que otro guardia civil del SEPRONA untado; tres o cuatro fiscales y jueces en diferido y miles de ciudadanos leoneses ciegos, sordos y mudos. ¡Arriba las ramas!
[Fotos: Anxo Cabada, Viaje interior a la provincia del Bierzo, 2008]
@ValentinCarrera
Ver en EfeVerde.
Para saber más:
—Fundación Joaquín Díaz, en Urueña.
—La Nueva España, 8/3/2007: Los Verdes denuncian ante la Unión Europea la mina del Feixolín.
—Infobierzo: Victorino Alonso finalmente ni pagará ni entrará en prisión por destruir la Cueva de Chaves en Huesca.
—Infobierzo: Victorino Alonso se sentará el lunes en el banquillo.
—El País, 7/4/19, La justicia tarda 18 años en sentar en el banquillo al ‘rey del carbón’ por su mina ilegal.
