¿A cuántos ciudadanos más tendrán que multarnos con 600 euros los rubalcabas y las cospedales por pensar distinto a lo que manda el jefe, por discrepar en voz alta, por ejercer nuestro derecho a decidir?

La trifulca fratricida entre PSOE y PSC a propósito del “derecho a decidir”, referido a Cataluña, muestra con crudeza la despiadada mecánica con la que operan los partidos bajo la fórmula “disciplina de voto”. La discrepancia política de fondo no se resuelve, se disuelve con multas de 600€ y ceses, con disciplina, como en la mili o en la escuela franquista. No sé si Rubalcaba azotará con la regla a Carme Chacón en las nalgas por díscola, o castigará a José Zaragoza de rodillas, con los brazos en cruz sosteniendo la Constitución. Profundamente autoritarios en el fondo, Rubalcaba, Cospedal, Pachi, Rueda, Rego, Durán y todos los generales secretarios militarizados se reservan para sí el monopolio del derecho a pensar y a decidir.

El concepto de disciplina, cargado de connotaciones religiosas y castrenses, produce escalofríos. Véase la definición del diccionario: “Especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular, observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto”. Los partidos, empeñados en su propia supervivencia como tarea principal, imponen a sus miembros “leyes y ordenamientos” internos dudosamente constitucionales.

En efecto, la Constitución (Art. 67) prohíbe el mandato imperativo, de origen medieval y suprimido ya en 1791 por la Revolución Francesa; pero aquí los partidos lo practican sin pudor. Está en cuestión la representatividad de estos parlamentarios obedientes y sumisos, estómagos agradecidos, lo que remite de una vez por todas a las listas abiertas, que pondrían a los coroneles y secretarios generales contra las cuerdas.

Este mandato imperativo disfrazado como “disciplina de voto”, impuesto por las ejecutivas mediante un código penitenciario de sanciones y condena al ostracismo, es un escándalo y una ofensa a la ciudadanía. Una práctica que socava los cimientos de la democracia y la convierte en paripé: el jefe de filas levanta un dedo y todos sus sectarios votan SÍ; indica dos dedos y los borregos sumisos votan NO; levanta tres y el rebaño se abstiene. El sentido del voto, nuevo dogma de fe, lo decide el estado mayor en el sanedrín o en maitines, todo muy militar y muy religioso. Los resultados de las votaciones son aritméticos: “Díjolo Blas, punto redondo”.

De este barrizal nace la rabia del 15M: “Que no, que no nos representan, que no”. En nuestro sistema parlamentario, el jefe siempre tiene razón. Da igual que la decisión de la cúpula sea incongruente con el programa (subida del IVA versus programa del PP); que sea contraria a los intereses de los votantes (tantos agravios comparativos a Galicia en las Cortes), o que el asunto afecte a la propia conciencia (hipotecas, preferentes, aborto, igualdad).

El diputado obediente no tiene la opción de ser fiel a sus electores, al programa con el que se presentó o a sus legítimas convicciones. Su única opción es pensar poco y callar. Algunos no abren boca en toda la legislatura. Son ciudadanos de segunda con privilegios de primera: su partido les ha amputado el derecho a hablar y el derecho a decidir, que es nuestro derecho. ¿A cuántos ciudadanos más tendrán que multarnos con 600 euros los rubalcabas y las cospedales por pensar distinto a lo que manda el jefe, por discrepar en voz alta, por ejercer nuestro derecho a decidir?

Más sobre el mandato imperativo

Imagen: Blog Sisterboydrama