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Este Régimen de la Transición –no podemos llamar democracia a un sistema de doma y castración del voto donde un único partido lleva treinta años gobernando en Andalucía o en Castilla y León- conserva entre sus muchos rasgos cortesanos, el privilegio medieval de la disolución anticipada, discrecional o arbitraria de las Cortes, nacida, como todo esto, en el parlamentarismo inglés para permitir al rey deshacerse de un parlamento hostil.

Como neófito, no entraré en la doctrina constitucional: doctores tiene la santa madre constitución; pero como ciudadano de a pie me parece que lo de disolver el parlamento cuanto te sale del pirindolo es una forma más de fumarse la voluntad popular, expresada con solemnidad para un plazo de cuatro años, que solo debiera alterarse por circunstancias muy excepcionales.

“El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, etc.”, dice el artº. 115 de la Constitución, y el privilegio se ha trasladado a algunos estatutos de autonomía, de modo que somos todos iguales ante la ley, menos los de Murcia.

Más que de “su exclusiva responsabilidad”, la del Presidente, la Constitución debiera hablar “de su exclusiva irresponsabilidad”: a la vista está lo de Artur Mas en Cataluña y La que se avecina en Andalucía. ¿De verdad alguien se cree que actúan por interés público Mas y Junqueras ayer, Zapatero en 2011, Susana Díaz pasado mañana, o Rajoy si en marzo decidiera dar un volantazo? Hace tiempo que los ángeles no mean colonia.

Arbitrario, por no decir caprichoso y suicida, el adelanto electoral de Zapatero en 2011; interesadísimo, el adelanto “en diferido” de Mas; y en rigurosa clave de ombligo choni el sorpasso que prepara Susana Díaz para segar la hierba bajo los pies a Izquierda Unida, a Podemos y a Pedro Sánchez en el mismo lote. Los andaluces de Jaén que votaron a sus representantes el 22 de marzo de 2012 para cuatro años, tienen el derecho a exigir el cumplimiento del contrato social. Todo lo demás es una estafa, eso sí, consagrada por la Constitución: cosas que pasan por dejarla en manos de los abogados defensores de la Infanta.

Todas las elecciones debieran seguir la misma lógica que se aplica a las municipales y autonómicas, pre-convocadas legalmente a fecha fija: hace cuatro años que sabemos que se celebrarán en mayo de 2015 (por cierto, alguno aun no se ha enterado y sigue sin candidata en Madrid).

El Parlamento no es un juguete en manos de un/una irresponsable, que en el caso andaluz ni siquiera ha sido votada por sus conciudadanos. Todo este cambalache de la disolución anticipada de la voluntad popular es un disparate democrático y, como llueve sobre mojado, “la ciudadanía empieza a estar harta de estar harta”, como dice Gabilondo. Eso es la casta: usar el BOE o el BOPA para resolver líos de partido. Ya lo he dicho, pero quiero repetirlo: una estafa, ya sea en Madrid, en Barcelona o en Sevilla.

Supongo que el próximo lunes, la trianera Susana Díaz enviará un sms a su propio líder de plasma, Pedro Sánchez: «—¡Pedro, sé fuerte!». Por el bien de los andaluces parados, deseemos que el embarazo sea feliz y el niño venga con un pan y un millón de empleos bajo el brazo.

@ValentinCarrera
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